Universitarios acudiremos a una ilegal revisión de medida cautelares por un delito prefabricado, pues se ha demostrado que la ASE no puede fiscalizar los recursos propios de la UAS, advierte Robespierre Lizárraga
A la audiencia judicial de este martes 13 de febrero tanto el Rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, como el Encargado del Despacho de Rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero, acudirán a causa de un delito prefabricado, pues con la ley en la mano se ha demostrado que la Auditoría Superior del Estado no tiene atribuciones para fiscalizar los recursos propios de la institución, además de una ilegal revisión de medidas cautelares.
Así lo indicó el propio Lizárraga Otero, señalando que en la audiencia se espera que sean separados de sus cargos tanto él como el doctor Madueña Molina, lo cual evidenciará la persecución política por parte del Gobierno del Estado en contra de los universitarios. Por ello, se tendrán que promover los amparos que correspondan y esperar que la justicia federal se posicione.
Asimismo, la Universidad tendrá que hacer las acciones de protesta determinadas y contundentes ante este abuso y atropello, pues las autoridades quieren tomar por asalto a la Casa Rosalina, porque la asumen como botín político. Lamentó que organismos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hagan oídos sordos ante esta circunstancia de la que son víctimas las y los universitarios y que, incluso, hoy afecta hasta a los propios médicos de los personajes imputados.
“Este es un delito fabricado en este proceso de defensa de la Autonomía Universitaria. Es el primer delito que se fabricó derivado de que el 30 de marzo, cuando se presenta la Auditoría después de que nosotros le dijimos que no tenía atribuciones y aún así se presentan en las instalaciones de la Universidad intentando practicar una auditoría antes de que, digámoslo así se cerrara el acta de esa diligencia, la auditora ya estaba anunciando en medios de comunicación sanciones. Incluso cuando se cierra el acta, una hora después los medios estaban publicitando que se había interpuesto una denuncia”, indicó.
Lizárraga Otero señaló que siempre ha sido la flagrante invención de un delito y tanto él como Madueña Molina han sido procesados de manera ilegal derivado de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tiene atribuciones y esto ha sido ratificado por un Tribunal Colegiado, además por la sentencia de amparo promovido en contra de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa.
Indicó que también, de manera ilegal, se promueve una revisión de medida cautelar cuando ya cuentan con una por su vinculación a proceso, cuando de entrada no se ha acreditado el delito, por lo que se espera que los amparos causen estado.
“Le entró un apuro a la Fiscalía y al propio Poder Judicial por resolver esas causas. ¿Qué esperamos mañana? Esperamos un abuso, un atropello, una ilegalidad. No deberíamos ser procesados y, ya procesados, no deberían de estar solicitando revisión de medidas cautelares, derivado de que la revisión de medidas es a partir de que la situación de la víctima se encuentra en peligro y no es el caso”, señaló.
Por su parte, el abogado Milton Ayala Vega señaló que este martes se acudirá puntualmente a la sede judicial, revisando si se cumplen todos los requisitos para que se lleve a cabo la audiencia, pues existe una violación en la revisión de las medidas cautelares, pues no se les ha informado si serán revocadas, modificadas, ampliadas o sustituidas.
“Ese tema es de lo que siempre nos hemos dolido en estos procesos, de que son procesos al estilo inquisitivo donde no nos dan ni siquiera la oportunidad de meternos técnica y adecuadamente, y eso por la complicidad que hay entre los jueces y la Fiscalía, que están al servicio del Gobierno del Estado”, indicó.
Ayala Vega enfatizó que, en caso de que tanto Jesús Madueña como Robespierre Lizárraga fueran separados de sus cargos, a través de amparos ante el Poder Judicial de la Federación llegará la justicia para la UAS y para las y los universitarios, pues quien cometió un abuso de autoridad fueron tanto la Fiscalía como la Auditoría Superior del Estado.
