Por David Uriarte /
Cada presidente de México, cada gobernador, incluso, cada presidente municipal, enfrenta problemas heredados del gobierno o gobiernos anteriores, por disciplina partidista no lo socializan aquellos que heredan el poder al mismo partido, pero aquellos que heredan el poder a la oposición, lo menos que recibirán será la exhibición de los conflictos y el costo de los mismos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió obras y proyectos inconclusos en las áreas de comunicación, infraestructura carretera, aeropuertos, en el área de la salud, hospitales en proceso de construcción y mantenimientos correctivos rezagados, prácticamente todas las áreas de gobierno tenían alguna observación, de no ser por el respeto y cortesía del presidente López Obrador al presidente Peña Nieto, las cosas se hubieran puesto candentes. La evidencia de los resentimientos propios de un gobierno a otro, es el caso de AMLO con Felipe Calderón y sus antecesores hasta el gobierno de Salinas.
La misma suerte corren los estados, en Sinaloa el PRI siempre había puesto a sus gobernantes hasta que llego una mezcla de oposición en el gobierno de Mario López Valdez, después llega Quirino Ordaz, hoy transformado en embajador de México en España, con una serie de diferencias políticas y administrativas encontradas en el gobierno actual.
Los juicios perdidos del Gobierno del Estado ante la Secretaría de Hacienda, específicamente con el SAT, son el resultado del desaseo histórico relativo al pago de impuestos que implican varias empresas, especialmente dos de alto octanaje.
La cortesía no consiste en esconder la realidad, consiste en decirla, aunque se lastimen intereses económicos y políticos, no tiene porque pagar un gobierno los errores de otro, tampoco tiene porque inventar errores que no le corresponden al que ya no está.
Los problemas transexenales todos o casi todos terminan en dinero, en el manejo de los recursos, en el privilegio de las gestiones para beneficiar a ciertas empresas, familias o grupos. Lo cierto es que los juicios perdidos de un gobierno ante el SAT terminan cuando se liquidan, y cuando son miles de millones de pesos, alguien es el responsable y debe dar la cara, tanto el funcionario o servidor público como la empresa a la que se le benefició.
Ojalá que en el caso de Sinaloa no existan jueces y partes en el mismo conflicto, eso se sabrá pronto.
