El Congreso del Estado aprobó este jueves un dictamen emitido por las Comisiones unidas de Hacienda Pública y Administración, y de Recursos Hidráulicos para reformar el artículo 50 de la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa, con la finalidad de incorporar como beneficiarios en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en la aplicación de tarifas y cuotas del 50% por los servicios que prestan las Juntas, a las personas adultas mayores y a la personas con discapacidad, en igualdad con los jubilados y pensionados que ya gozan de dichas tarifas y cuotas.
Este dictamen se derivó de dos iniciativas, una presentada por el diputado morenista Serapio Vargas Ramírez en conjunto con el diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales, ambos integrantes de esta LXIV Legislatura, así como una iniciativa promovida por la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño.
En el dictamen se establece que en Sinaloa, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, viven 147, 958 personas con alguna discapacidad y 266 mil 725 adultos mayores, por lo que esta reforma viene a beneficiar directamente a casi el 15% de la población total del estado.
El diputado Serapio Vargas Ramírez tomó la palabra durante la discusión, y aseguró que son con este tipo de hechos con los que se demuestra la política que impulsa morena, apoyando a quienes más lo necesitan, recordando que el poder sólo se convierte en virtud cuando le sirve a los más desprotegidos.
“Se trata de hacer efectiva la progresividad de los derechos sociales, que no pueden ni deben dar un paso atrás. Ser parte del movimiento de transformación es entender que son los hechos y no las palabras lo que hace la diferencia, por eso celebro la inclusión de los adultos mayores y las personas con discapacidad para que gocen también de estos beneficios en absoluta congruencia con una nueva forma de hacer política”, expresó el diputado morenista en su participación.
El dictamen fue aprobado de manera unánime por el pleno del Congreso del Estado, por lo que siguiendo con el proceso legislativo, se le enviará al titular del Poder Ejecutivo para su publicación y consecuente entrada en vigor.
