Los 11 integrantes del Consejo General del INE rechazaron la “persecución penal” del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por haber denunciado ante la FGR a los seis consejeros que votaron a favor de aplazar la revocación.
En un pronunciamiento emitido anoche, afirmaron que la denuncia es injustificada y busca inhibir su independencia. Se busca, dijeron, convertir un diferendo legal en una persecución penal.
El jueves, Gutiérrez Luna denunció penalmente a seis consejeros electorales, además del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien ni siquiera vota en el pleno del colegiado, por coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y otros delitos en agravio del servicio público.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, subrayaron.
En un Estado democrático de derecho, destacaron, las diferencias de opinión y de votos son naturales, se respetan y no se persiguen como delitos.
INE cierra filas ante la demanda penal
Preocupante, que se quiera convertir un diferendo legal en una persecución penal, advierten los 11 consejeros en respuesta a denuncia en FGR.
Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cerraron filas en contra de la persecución penal, injustificada y sin sustento, iniciada en contra de seis de ellos y del secretario ejecutivo del Consejo General, a petición del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues en una democracia, “las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
Mediante un comunicado, los consejeros electorales expresaron que “es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron en favor del acuerdo mencionado (posponer los preparativos de la revocación de mandato).
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, dicen los integrantes del Consejo General del INE, incluidos los cinco que votaron en contra del acuerdo para posponer la revocación de mandato por falta de presupuesto.
Añaden que “por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre ésta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía.
“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, resaltan.
Y recuerdan que “en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
El pronunciamiento está firmado por los 11 consejeros: Lorenzo Córdova Vianello (presidente); Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Las mujeres y hombres que le dan forma al máximo organismo autónomo electoral del país recuerdan que el Consejo General aprobó por mayoría “posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato. En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público”.
Precisan que “las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos; por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”.
Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, presentó una controversia ante la Corte en contra del acuerdo del INE, y las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat le concedieron la suspensión, ordenando al INE apegarse al presupuesto asignado para continuar el proceso.
Pero también presentó una denuncia penal ante la FGR en contra de los seis consejeros del INE que votaron en favor del acuerdo y del secretario ejecutivo, lo que provocó el cierre de filas dominical de los 11 consejeros del INE.
Dato
Los cargos por los que se les acusa
A Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Claudia Zavala se les acusa por el delito de coalición de servidores públicos.
