Por David Uriarte
La indignación social no basta para disminuir los índices de criminalidad en un país o comunidad. Las estrategias de los nuevos regímenes políticos tampoco han demostrado su eficacia en la reducción de los indicies de violencia y criminalidad.
Por supuesto que la gran mayoría de los mexicanos claman por una reducción y por qué no, por la eliminación de las conductas sociopáticas que dañan profundamente a las familias en lo más preciado: la vida.
Una cosa son las medidas cautelares y otra los impulsos psicopatológicos, es decir, las conductas antisociales todas se derivan de un cerebro enfermo. De poco y a veces de nada sirve el apoyo y el soporte técnico científico de la neurociencia, si todo queda en discursos y buenas intenciones.
El enfoque humanista del presidente López Obrador, es sin duda la mejor opción para tratar las conductas antisociales, si y sólo si, el grado de enfermedad mental fuera leve o las personalidades sólo tuvieran rasgos de trastornos de personalidad y no el trastorno en sí.
El grado de maldad usado en los crímenes en los últimos años en México, espanta al más sereno y tranquilo de los estudiosos de la conducta. El combate entre dos personas que se han desafiado o retado previamente era clásico en las películas del viejo oeste, era una forma de perder la vida con la conciencia de que la valentía tenía su precio entre iguales, sin embargo, la cobardía asomó su cara en los cerebros enfermos y transformó la forma de ejercer el poder entre desiguales.
No existe simetría en ningún sentido cuando el asesino abusa de su poder físico sobreponiendo sus intereses y deseos ante la debilidad física y emocional de su víctima, estas asimetrías dejan en desventaja mortal a una sociedad confiada en las leyes, adoradora de la justicia y creyente en la construcción de paz sólo con el discurso.
Se necesita establecer un mecanismo de evaluación diagnostica, así como se hace un examen para obtener la licencia de conducir, así se debe establecer un sistema de evaluación mental cuya renovación sea cada cuatro o seis años, además debería de ser un documento indispensable para cualquier trámite legal.
