Por David Uriarte /
La democracia es una palabra sin sentido para muchos, un compromiso para otros, y un tesoro a punto de extinguirse para otros tantos. Cuidar la democracia es una cosa y cuidar el poder político es otra cosa, la diferencia está en la participación y el respeto a la división de poderes.
“El que hace la ley hace la trampa” dice el refrán… los expertos en el manejo del poder encuentran en la democracia un nicho importante para mantenerlo, la pobreza y la riqueza forman parte de lo mismo, son los extremos de la variable económica de un país en democracia.
La riqueza y la pobreza son extremos mutuamente excluyentes, estas diferencias sociales marcan a cualquier sistema político, la democracia se inclina a favor de la mayoría, por eso, cuando se pierde el equilibrio y la proporción de pobres es mucho mayor, la democracia será manejada por los pobres, dejando escurrir entre los procesos electorales, la oportunidad de crecimiento y desarrollo económico de cualquier país que viva bajo estas circunstancias de desigualdad.
El precio de la democracia encierra también sus riesgos cuando de mayoría se trata, está demostrado que la suma es mucho más fuerte que los esfuerzos individuales, sin embargo, la suma puede ser bajo el impulso de la emoción, dejando de lado la razón.
El precio de la democracia se puede pagar en rubros de pobreza, aunque debiera ser al revés, pensar en términos de bienestar, no necesariamente en términos de riqueza monetaria, pero si en términos de riqueza en salud, seguridad y educación.
La democracia en México vista desde el concepto de mayoría, establece un rumbo diferente a partir de la llegada del nuevo régimen político, polariza las fuerzas sociales y productivas, entendiendo como sociales a la sociedad en general y como productivas a los empresarios que mueven la economía.
Con una fuerza de trabajo cada vez más disminuida, los que tendrán que enfrentar la crisis son los empresarios para tributar más al gobierno. Al aumentar las tasas tributarias, los márgenes de ganancia se reducen desincentivando el emprendedurismo, motivando la inclusión en los grupos beneficiarios de los programas sociales; iniciando de esta manera la ruta de la desaceleración económica y la caída de los privilegios producto del dinero como base para una calidad y estilo de vida diferente o mejor.
