Por David Uriarte /
Todas las acciones como créditos, fideicomisos, apoyos, financiamientos, apalancamientos, promociones de todo tipo que tengan que ver con Financiera Rural en su tiempo, BANOBRAS, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo principalmente, están siendo revisadas con microscopio hacendario, ya apareció el caso Teacapán.
Según el dicho del presidente López Obrador, al extinto Antonio Toledo Corro se le compraron alrededor de dos mil hectáreas a buen precio, pero el proyecto de desarrollo turístico no es viable, por eso piensa lotificar o fraccionar el predio para rifarlo. El asunto va más allá de una rifa, deja entrever unos manejos poco aseados de la planeación, propuestas fantasiosas e intereses económicos “claros” con intereses sociales “opacos”.
Ya no se le puede preguntar a Toledo Corro como se dieron las negociaciones, sería estéril investigar a Felipe Calderón como promotor de la detonación de este supuesto polo turístico que sería igual o mejor que Cancún, o preguntarles a los exgobernadores, incluso al actual gobernador Quirino Ordaz a unos días de concluir su periodo en la gubernatura, lo mismo pasaría con el gobernador electo Rubén Rocha… En fin, una vez más se ponen al descubierto manejos de proyectos poco viables o inviables que en su momento fueron sustentados con estudios técnicos y financieros apócrifos.
La lógica del Presidente corresponde a una realidad del sentido común, la movilidad y la infraestructura corresponden al puerto de Mazatlán, habría que promover el turismo que llega vía aérea rumbo a las playas de Mazatlán y no creer o apostarle a un proyecto que puede detonar en cuarenta o cincuenta años.
La venta o rifa de los lotes del proyecto del Centro Integralmente Planeado “CIP Playa Espíritu”, es una cosa, y la investigación sobre los terrenos que colindan con el aeropuerto y el puerto de Mazatlán, es otra, en esta franja hay conflictos añejos, casos aún no resueltos y litigios en proceso relativos a la tenencia de la tierra, especialmente en el predio de Estrella del Mar.
La pregunta es ¿Cuántos casos más tienen contemplados en Sinaloa? ¿Habrá investigaciones que salpiquen a exgobernadores?
