Por David Uriarte / 

La cultura es la forma de hacer las cosas en una comunidad, las normas jurídicas de cada país regulan la conducta ciudadana, por eso los países contemplan restricciones y permisos diferentes para los actos de voluntad.

La noticia en México relativa a la despenalización del aborto, despertó emociones encontradas en grupos radicales cuyas creencias divergen, sin embargo; la ley es la ley.

El tema se puede reducir a la conducta personal, es decir, si no estás de acuerdo con el aborto pues no abortes. Las cosas se complican cuando lo que se afecta es la creencia o el dogma, cuando la persona no es la afectada en su cuerpo o sus bienes sino en sus creencias, esto es lo que está pasando en México con la resolución del nueve de septiembre de este año por la Suprema Corte de la Nación.

El derecho de nacer ya no está únicamente en la voluntad divina, hoy la regula la propia mujer, es ella quien determina si interrumpe de manera legal su embarazo, o si le da curso para conocer a su hijo en la etapa posnatal.

Por otra parte, las condiciones higiénicas y la bioseguridad conocidas como riesgo sanitario, ya no será problema porque el Estado a través de las reformas para el caso en la Ley General de Salud, disponen lo conducente en materia de atención médica en hospitales de segundo y tercer nivel.

Hasta aquí, todo parece planchado y sin problemas… ahora viene el tema de la mano de obra, en otras palabras, quiénes serán los médicos que técnicamente realizarán los procedimientos y evitarán -hasta donde sean posible- las complicaciones de la mujer que se somete a la interrupción de su embarazo.

Hay que ser objetivos y prácticos, el problema fundamental que se puede presentar en estos casos no será lo relativo a la pericia sino a la objeción de conciencia por parte del personal médico, sin embargo, también hay que recordar que estas prácticas de interrupción legal del embarazo ya tienen más de diez años en algunos estados de la República, y por ende, ya hay experiencia y voluntad en ello.

Las personas cuya religión o creencia les induce culpa, o sienten que cometen pecado, tendrán que comprender y atender la diferencia entre justo y legal.