Por David Uriarte /
Todo indica que las aguas turbulentas del conflicto UAS-GOBIERNO se están apaciguando, a pesar de los interesados en ver la confrontación de las partes como algo social y políticamente irreductible.
Debe quedar claro y preciso que los canales legales siguen su curso, serán las autoridades y las instancias jurisdiccionales las que a través de la aplicación de las leyes correspondientes otorguen el veredicto final.
No se trata de quien grita más , acusa más, o hace más señalamientos que en nada abonan a resolver el conflicto de fondo, el asunto se reduce a las atribuciones institucionales: así como el Congreso cumple con su función sustantiva que corresponde a la elaboración de leyes y normas, la contraparte, en este caso la Universidad Autónoma de Sinaloa, sólo se defiende al ver vulnerada su autonomía.
No se trata de interpretaciones, se trata de la aplicación de la ley, y en ese sentido, al ampararse la parte ofendida, le corresponde al poder judicial resolver conforme a derecho, es decir, serán los jueces y magistrados -y en última instancia- los ministros de la corte los que determinen si existe o no violación a la autonomía; sino, para qué la división de poderes.
A los impartidores de la justicia poco o nada les interesa la guerra mediática, las declaraciones o emisión de juicios cargados de emociones de cualquiera de las partes, o la percepción social inducida por la atomización de datos e información.
Al paso de los días, el trabajo de fondo, los que finalmente habrán de decir a quien le asiste la razón, están trabajando en el acopio de pruebas de ambas partes, a eso se dedican, para eso está diseñado el modelo de justicia en México.
Del conflicto original han surgido otros, de alguna manera es natural, incluso como estrategia legal se vale pensar, “si no es por este lado podría ser por otro”, en esa lógica, la UAS y sus autoridades está recibiendo lo esperado, primero el Congreso, después la Fiscalía, después la Auditoría Superior del Estado, después la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, y así puede extenderse el despliegue de las cartas de la baraja del poder.
Poco a poco las aguas vuelven a su cauce y se empieza a ver superada la etapa de enojo súbito para dar paso a la justicia y lo legal.
La ecuanimidad del Rector y la voluntad política del ejecutivo y el legislativo están apunto de cerrar la parte ríspida del conflicto.
¿Quién gana? La sociedad.
