Por David Uriarte /
Un tema de controversia como el aborto, su penalización, y ahora su despenalización, tiene a la sociedad mexicana fraccionada en posturas ideológicas válidas y eventualmente encontradas.
Una cosa es la ley con su ordenamiento; otra el embarazo como proceso natural; otra la decisión de expulsar el producto de la concepción; otra, la práctica técnica y medica del procedimiento; y otra más, el juicio de valor.
La postura legal o norma jurídica establece de manera clara la despenalización del aborto en México, la postura religiosa en términos generales plantea un desacuerdo a la práctica del aborto… Son dos cosas diferentes, mientras la primera implica el no ejercicio de la acción penal, la segunda implica el desacuerdo sellado por el juicio del “pecado”, o trasgresión a los principios morales de una vida virtuosa. Todo indica que la ley, la filosofía y la teología tienen divergencias marcadas que polarizan los pensamientos de cualquier sociedad.
Por otra parte, los criterios para solicitar la extracción del producto de la fecundación, tendrán que homologarse de manera clara y precisa en todos los estados de la República, los plazos para la interrupción del embarazo tendrán que ser los mismos; esas cuestiones técnicas o de leyes secundarias realmente no son el problema en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay dos reductos resistentes: uno es el área médica, y otro la postura dogmática o religiosa que estigmatiza a la mujer cuando toma decisiones de esta naturaleza. Si el estado se hace cargo de la práctica del aborto, estos se realizarán en los hospitales del Sector Salud, los gineco-obstetras serán responsables de tal práctica, sin embargo, ¿Qué pasará con aquel o aquella ginecóloga que sus valores y principios morales se sobrepongan a la decisión de la corte? La famosa “objeción de conciencia”.
Esta será una limitante relativamente fácil de superar, pero el señalamiento de una parte de la sociedad a quienes sus creencias no les permite respetar las leyes terrenales, será como en su tiempo en Estados Unidos, una carga social que el Gobierno y sus leyes tendrán que enfrentar, y proteger a las mujeres que desean hacer uso de su recurso legal.
